I. Introducción
El propósito de este trabajo es hacer una relectura de la experiencia de organización comunitaria de los años 80, en el marco de las políticas urbanas desarrolladas por el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer y puntear algunos elementos significativos de dicha experiencia que puedan servir de aprendizaje y provocar innovación en la actuación en el nuevo contexto que vivimos.
Si damos una mirada retrospectiva sobre las políticas urbanas, sobre todo la de vivienda, hay dos procesos que pueden considerarse como antecedentes de la agresiva política urbana ejecutada en los últimos diez años de gobierno de Balaguer (1986-1996) que afectaron los sectores populares de la ciudad de Santo Domingo. Antecedentes que la gente tenía vivos en la memoria, como acción violadora de derecho por parte del Estado en materia de vivienda.
El primero, es la intervención estatal de desalojos de una gran cantidad de familias a finales de los años 50, cuando también entraba en su etapa final la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. A partir de entonces, por diversas razones, empezó a incrementarse la migración del campo a los centros urbanos, sobre todo a la capital de la República. Para la época la ciudad, cuyo centro era relativamente pequeño, había empezado a expandirse hacia el norte, incluso con intervención estatal. Esto provocó desalojos en el marco de una serie de proyectos habitacionales conocidos hoy como María Auxiliadora, Ensanche Luperón y Villas Agrícolas, entre otros. Las familias que previamente residían en estos lugares fueron obligadas a reubicarse en la zona limítrofe a los ríos Ozama e Isabela (Los Guandules, Las Cañitas, La Ciénaga…). Se trataba de un proceso de expulsión hacia la periferia de la ciudad.
Algunas de estas familias desalojadas a finales de los años 50 daban su testimonio de lo ocurrido, cuando Balaguer emprendió el proyecto Plan indicativo de la Zona Norte. Tal es el caso de Floripe García dirigente y fundadora del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, COPAEBA.
El segundo antecedente se ubica en los primeros dos períodos de gobierno de Balaguer después de la revolución de abril de 1965, es decir, de 1966 a 1974. En esta etapa, la construcción de apartamentos, avenidas, edificios para instituciones públicas y puentes transformaron el rostro de la ciudad metropolitana. Por tanto, una gran cantidad de familias también sufrieron el trauma de los desalojos en las zonas cercanas a las cabezas del puente Duarte y lo que sería el puente Sánchez, así como una parte de lo que hoy es la Av. 27 de Febrero.
Todos estos proyectos y experiencias de desalojos significaron, de una u otra manera, una conmoción para la población que vivía en las zonas intervenidas. Además, constituían la base para lo que luego sería la política aplicada al retorno de Balaguer al poder en el año 1986.
II. Actores sociales y política urbana 1978-1996
Ahora bien, en el año 1986 estábamos en otro momento histórico de la República Dominicana y de América Latina. No hay dudas de que el retorno a la democracia en el país implicó, por un lado, el paso de un régimen de fuerza a uno de mayor apertura política, libertades, reconocimiento y ampliación de derechos; y, por otro lado, se aceleró el proceso de recomposición de actores políticos y sociales: los trabajadores y campesinos ven declinar su capacidad de organización y movilización y, por tanto, su incidencia. En una década los sectores de poder destruyeron los dos sindicatos más fuertes que había, el de los telefónicos y el del sector eléctrico.
Simultáneamente iban surgiendo nuevos actores, sobre todo en el plano urbano, los cuales eran portadores de nuevas formas organizativas a partir del territorio: las Juntas de Vecinos, que a pesar de surgir muy vinculadas a las autoridades municipales del Distrito nacional, como una experiencia implantada, han permanecido y florecido en el país, siendo hoy día espacios vitales de organización social; los Comités de Lucha Popular CLP, el Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, el Consejo de Unidad Popular, CUP, entidades tenían una matriz de izquierda partidaria y una misión de asumir la organización y la lucha en el nuevo escenario urbano; y la primera que surgió en el nuevo escenario: el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, COPADEBA (1979) con una matriz en la corriente de Educación Popular y en la experiencia de las Comunidades Eclesiales de Base. Luego aparecería el Comité de Amas de Casa.
A todo esto, se sumaba el auge de las ONG de acompañamiento e impulso a las organizaciones de los sectores populares y el empuje de movimientos de mujeres y ecologistas, igual que en otras zonas de América Latina.
No hay dudas de que el acumulado de dos corrientes de pensamiento latinoamericanas, desarrolladas a finales de los años 60 y principios de los 70, se conjugaban en la promoción de nuevas experiencias organizativas:
a. La Educación Popular, con todos los aportes de los educadores encabezados por Paulo Freire, que plateaba la relación pedagógica sujeto-sujeto. Propuesta basada en que en el ámbito educativo tanto formal como no formal, no hay una relación vertical, unidireccional, sino de construcción de conocimientos a partir del diálogo de saberes, de la necesidad de la gente. De ahí que se estableciera como un nuevo paradigma educativo, que fortalecía niveles distintos de organización en América Latina, para una emancipación de la gente a partir de su realidad, con una permanente relectura del contexto y una acción colectiva para actuar en la transformación de ese contexto.
b. La otra corriente de pensamiento importante que incidió en las nuevas experiencias y modelos de organización, además del influjo de la izquierda que también estaba por ahí, tiene que ver con el trabajo social de la Iglesia católica en Latinoamérica encarnado en lo que se llamó “Teología de la Liberación” y su opción por los pobres, que en las comunidades y los barrios asumió una dimensión territorial. La gente no solo se reunía en la iglesia, a reflexionar, rezar y celebrar, también lo hacía en el vecindario para analizar la realidad, vivir su fe y plantearse cómo incidir en esa realidad. Por tanto, ahí había un cruce con elementos de la Educación Popular y cierta orientación marxista.
Ambas corrientes indicadas incidieron en las experiencias de organización en los barrios de Santo Domingo y en las distintas provincias, con un criterio distinto al plantearse relaciones horizontales y no de “bajar la línea”. Así, conjuntamente con la gente, se planteó la construcción de una reflexión a partir de la realidad, capaz de generar acción para transformarla, a la vez que los involucrados se iban constituyendo en sujeto de cambio.
En medio de éste auge, un acontecimiento marcó la presencia protagónica de nuevos actores en el contexto social dominicano: las protestas generalizadas en los barrios populares de Santo Domingo en abril de 1984, en el marco de la firma con el Fondo Monetario Internacional y el aumento de los precios de los productos de la canasta familiar.
En cuanto a las políticas de Estado, desde nuestro punto de vista, la lógica de la administración de Balaguer en su último tramo en el poder (1986-1996) tuvo cuatro características centrales, que pueden ser reconocidas en los distintos gobiernos, pero en el período en cuestión tuvieron una acentuación especial, a saber:
• Primero, el autoritarismo. Se consolidó un sentido autoritario, vertical y centralizado de la gestión pública, lo cual se evidenciaba en gobernar basado en decretos; en el protagonismo de militares, no solo como elemento represivo, sino en funciones civiles en la administración pública; y la presencia de paramilitares con algunos métodos propios de los años 70 en el marco de la confrontación.
• Segundo, el patrimonialismo. Se afianzó el uso patrimonial y clientelar de las obras realizadas por el Estado con recursos públicos. Por ejemplo, distribución de apartamentos entre miembros, simpatizantes del Partido Reformista en el poder y entre amigos y familiares de funcionarios.
• Tercero, ocultar la pobreza. La idea de que en el centro urbano no debía visibilizarse el rostro de los pobres, por lo que había que expulsarlos hacia la periferia como lo hizo Trujillo. De esta manera se desarticulaba el tejido social que se organizaba y movilizaba, además de que se aprovechaba para recuperaba el espacio para las grandes inversiones, algunas suntuosas.
• Cuarto, una estrategia de dominación cultural. Esta se desarrollaba a partir de solo exaltar los componentes hispanos en nuestra identidad, en el marco de los preparativos de celebración del V Centenario de la llegada de los europeos a estas tierras. Obra como el Faro a Colón y el llamado “Muro de la vergüenza” así lo atestiguan.
Frente a esta situación empezaron las más diversas manifestaciones de resistencia y elaboración de la contrapropuesta. Se activaron las juntas de vecinos y espacios de coordinación en la defensa del derecho a una vivienda digna en la ciudad. En el caso del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, COPADEBA, destacan los siguientes elementos:
A. La investigación como estrategia
La organización desarrolló una estrategia de investigación y documentación, cosa que no le era extraña porque desde su origen coordinó con ONG como Cedail y otras instituciones para armarse de argumentos y defender el derecho al territorio en la zona norte de la ciudad que la familia Vicini reclamaba como de su propiedad. De manera que cuando a partir de 1986 Balaguer impulsa nuevas intervenciones en los sectores populares, COPADEBA empieza a profundizar sobre en qué consistía el Plan Indicativo de la Zona Norte y cuáles eran las intenciones reales del gobierno. Este rasgo de investigación desde una organización popular fue clave, determinante para construir conocimientos, reflexionar, elaborar argumentos sólidos para la negociación, además de explorar las posibilidades de mejoramiento de las zonas amenazadas de desalojos por las autoridades.
B. Estrategia organizativa en el barrio
Con la formación de comités barriales, comités de cuadras, y asambleas abiertas a la comunidad, donde la gente organizada o no se reunía para informarse, participar, discutir o sencillamente expresar su opinión se generó un impacto en los barrios. Dicho proceso organizativo tuvo grandes repercusiones de movilización en la Zona Norte Santo Domingo. Esta estrategia recogía la experiencia de Educación Popular, además de la movilidad que venía desde la Iglesia católica, a las cuales hicimos alusión anteriormente. Se trataba de una estrategia organizativa sustentada en la defensa del territorio, las necesidades y convivencia de la gente.
C. Diálogo de saberes y formulación de propuestas
La reflexión, el intercambio con especialistas y la formulación de propuestas formaron parte de la cotidianidad de la organización. Esto tomó un alto relieve cuando junto a otros actores COPADEBA creó la ONG Ciudad Alternativa (1989). Así, los técnicos que se articularon a la institución no estaban para pensar por la gente, sino para construir propuestas técnicamente sólidas, sustentadas en una reflexión con la gente y sus propuestas. Ahí se ensayaba el diálogo de saberes, dando lugar a una propuesta alternativa a la de tierra arrasada que planteaba Balaguer (Desalojos, gredas, todo limpio y, entonces, construcción de apartamentos que rompían la dinámica de convivencia en el barrio).
De esta manera se generó un pensamiento alternativo a la política urbana ejecutada en ese momento, el cual en la población afectada se sintetizaba en consignas como: “Casa para casa”; “Mejoramiento sí, desalojo no”; “mejoramiento barrial con participación popular”. Como resultado de eso es que Ciudad Alternativa lleva por lema “Por una Ciudad con Participación Popular”. Eran los años de “Protestas con propuestas”.
D. Estrategia de movilización y denuncia
Se consolidó una estrategia de movilización y denuncia que abarcó los más diversos escenarios: local, nacional, internacional: organización de seminarios nacionales e internacionales, participación en foros mundiales y organismos de las Naciones Unidas. En el año 1987, en un Foro Mundial Urbano en Berlín, COPADEBA denunció la problemática de los barrios de Santo Domingo, hasta lograr a principios de los años 90´ una condena, en las Naciones Unidas, al gobierno de Balaguer por su política urbana. Igualmente, en 1992 participó en el Primer Congreso Universal de Movimientos Vecinales, celebrado en Sevilla y en Alemania recibió el Premio Aachen de la Paz.
Asimismo, la organización desarrolló una estrategia de elaboración y difusión de materiales (volantes, boletines, afiches, folletos, historietas…) acompañada de un intenso proceso de movilización: piquetes, ocupación de oficinas públicas, parroquias, uso de los medios de comunicación como radio, televisión y prensa escrita.
Se pasó de una visión del territorio específico inmediato del barrio, la cuadra, la zona pequeña, a una con un pensamiento hacia la ciudad, y una estrategia de buscar aliados fuera del ámbito barrial para juntos promover la articulación de un proyecto de sociedad más incluyente.
Dos casos sobresalientes
Hay dos experiencias que merecen una mención especial: En primer lugar, la del barrio Guachupita donde el proceso de organización, movilización, resistencia y negociación dieron buenos resultados. Allí hasta los inquilinos afectados, con más de diez años residiendo en una vivienda, recibieron apartamentos, lo cual constituye un caso único. En este proceso se logró que la organización y sus dirigentes fueran corresponsables en la realización de los censos y la elaboración de las listas de las personas beneficiarias, siendo esto una garantía para las familias afectadas y una prueba ética para la organización.
En segundo lugar, el proceso de las familias que ocupaban la estructura de lo que había sido una incineradora en la época de Trujillo, ubicada en la cabeza del puente Duarte. Se trataba de familias en extrema pobreza, indigentes que fueron ocupando aquella estructura abandonada. Estas familias pasaron de una propuesta inicial de recibir algo de dinero para que abandonaran el lugar y un censo hecho por Bienes Nacionales con más residentes afectados de los que realmente había a un aceptable posicionamiento en el proceso de negociación. Esta fue una experiencia autogestionaria, con acompañamiento sociopedagógico y técnico (COPADEBA – CIUDAD ALTERNATIVA) que implicó una estrategia de organización, demanda y capacitación para la construcción de sus propias viviendas. Así, también con el aporte del gobierno (solares y madera) lograron ser reubicadas en el sector Pantoja.
De igual manera, hay que destacar el rol jugado por una franja de la Iglesia católica con parroquias que se convirtieron en espacio de acompañamiento, aglutinación y organización de las familias ante el atropello de la intervención gubernamental. Por ejemplo, las parroquias ubicadas en los barrios: Villa Juana, Sabana Perdida, Los Kilómetros (Carretera Sánchez), La Zurza, Guachupita, Los Guandules, La Ciénaga, entre otras, jugaron un papel clave en este proceso.
¿Qué impacto tuvo todo el proceso?
Este proceso de resistencia desarrollado principalmente en la ciudad de Santo Domingo, generó un amplio movimiento que tuvo su impacto en la sociedad. En este sentido se pueden mencionar los siguientes:
- Las políticas urbanas se convirtieron en tema de debate público a partir de 1887 potenciado por la realización del primer seminario internacional sobre la problemática, desarrollado en el país en 1988. A esto le siguió una serie de seminarios locales, artículos y debates en los diversos medios escritos y televisivos. Algunos medios escritos establecieron secciones especiales sobre asuntos urbanos como los periódicos El Siglo (Capital) y Listín Diario (Ciudad).
- Universidades, ONG y académicos, de modo individual, asumieron compromiso con investigaciones, reflexiones, debates e involucramiento de estudiantes. Así se generó todo un movimiento entorno a la discusión y el tema urbano.
- Se pasó de la reacción a la proactividad y se asumió una perspectiva propositiva. Un ejemplo de ello es la formulación del plan de mejoramiento para los barrios La Ciénaga y Los Guandules (Domingo Savio). Entonces, el Presidente Balaguer emitió un decreto que ordenaba militarizar La Ciénaga, lo que convirtió el sector en un estado de sitio hasta la llegada de Leonel Fernández al poder en 1996, cuando masivamente se reclamó en el palacio presidencial. Lo cierto es que durante los últimos diez años de gobierno balaguerista (1986-1996) en las zonas intervenidas se vivía un contexto de represión: golpiza a dirigentes comunitarios y hasta algunos sacerdotes, como ocurrió en Villa Juana, por parte de paramilitares al servicio de los responsables del proyecto de construcción de la Av. V Centenario.
- A pesar de todo esto, ganó terreno la negociación en medio de un marco de represión y enfoque vertical de las políticas públicas, producto de la lógica de pensamiento y la estrategia de las organizaciones sociales.
- Corresponsabilidad en el control en los procesos entre el gobierno y la sociedad. Las organizaciones comunitarias ganaron respeto y espacio en la conducción de los procesos: censo de afectados, listas de beneficiarios, traslado y construcción de vivienda.
- Surgimiento de nuevas organizaciones y liderazgos sociales y una visión más allá del espacio inmediato para asumir una perspectiva sobre la intervención en la ciudad en su conjunto.
- Se evidenció la importancia del trabajo pedagógico-político entre especialistas y la gente de los sectores populares, para formular propuestas de políticas públicas desde una perspectiva de derecho e incluyente.
III. Pensando los desafíos hoy
Veinte años después, las políticas urbanas siguen siendo formuladas y ejecutadas sin pasar por el debate y la participación de los diversos actores de la ciudad. De ahí el gran desafío de generar contrapeso social al Estado, a los partidos políticos, impulsando, por ejemplo, líneas de acción como las siguientes:
• Análisis de las políticas urbanas, para hacer de ellas temas de debate público y generar pensamiento crítico.
• Acompañar procesos de organización social y defensa de las familias afectadas por las intervenciones del Estado, propiciando que ellas asuman el protagonismo de los procesos.
• Generar organización, coaliciones y espacios de incidencia para el diálogo-negociación con las autoridades, de cara a reorientar las políticas urbanas y coordinar las intervenciones.
• Incidir en las políticas municipales y, a través de este ámbito, en las del Poder Ejecutivo, en función de las necesidades e intereses de las comunidades. El tema municipal debe ser mejor aprovechado, sobre todo ahora que existe un marco legal que lo fortalece. ¿Cómo hacer que el gobierno central deje de intervenir de manera arbitraria, cuando hay un ámbito como el municipal con la potestad? ¿Cómo lograr que la ciudadanía y las organizaciones se acerquen más a las autoridades municipales y entren a una mejor relación en cuanto al manejo de las políticas urbanas? Este es un tema clave hoy.
• Reivindicar el derecho a la ciudad en un horizonte de más democracia e inclusión social. Por tanto, el tema de las políticas urbanas no es ajeno a un proyecto político que lo contiene. De ahí la necesidad de, entre otras cosas, demandar inversión con equidad, generar capacidad de propuesta desde la ciudadanía, hacer uso del marco jurídico, como: Ley de Acceso a la Información, Ley del Distrito Nacional y los Municipios como herramientas de defensa.
Nota: Trabajo presentado en el Seminario Los Megaproyectos y su Impacto en la Ciudad de Santo Domingo: Análisis, Perspectivas y Desafíos.16 de Julio de 2009.