No hay dudas de que en las últimas décadas tanto las experiencias como las reflexiones sobre la convivencia democrática se han multiplicado, con distintos matices y énfasis, sobre todo en la región latinoamericana. Lo cierto es que en términos generales estas experiencias apuntan hacia un mayor involucramiento de la gente y sus mediaciones organizativas de manera más directa en todo tipo de asuntos públicos, potenciando un ejercicio de ciudadanía activa y corresponsable. Es decir, lo que anteriormente se concebía como responsabilidad exclusiva de gobierno, hoy día desde distintas esferas de la sociedad se exige información, contar con los diversos sectores de interés y compartir con ellos la responsabilidad no solo de la gestión sino también las de diseñar y evaluar. Así se intensifica el cuestionamiento a la institucionalidad basada en las prácticas tradicionales caracterizadas por la centralización, el autoritarismo, el patrimonialismo y el clientelismo predominantes, tanto en el Estado como en los espacios representativos en la sociedad. A esto se suma el agravante de que cuando se actúa de esta manera desde una institución pública a partir de la voluntad del incumbente y no de líneas programáticas de gobierno, generalmente se genera atomización, debido al déficit de instancias de coordinación en el desarrollo de políticas o proyectos, además de la consabida ineficacia y mayor posibilidad de corrupción.
Es por todo esto que corrientes democratizadoras han ido ganado terreno, desde las cuales se propugna por la concertación entre diversos actores en el marco del desarrollo de políticas sociales. Esto implica la generación de distintos niveles de interfaz en la relación Estado sociedad en la perspectiva que plantea Norman Long y precisa Ernesto Isunza[1]: interfaz como un espacio de intercambio y conflicto en el que los actores se relacionan intencionalmente, y donde entran en juego proyectos, fuerzas y estrategias de dichos actores (estatales y sociales) concernidos. Afirma este autor que hay espacios formales – interfaces- establecidos en el marco jurídico de la sociedad y espacios informales de negociación. Y es partiendo de esta premisa que planteamos distintos niveles de interfaz, según los actores involucrados. Entre estos niveles existen horizontes de actuación claramente diferenciados, los cuales no se desarrollan de manera lineal, más bien se impactan entre sí. Además, con frecuencia entre los actores participantes se genera cierta incomprensión sobre lo que cada espacio de interfaz establecido incluye o no en su dominio, por lo que conviene plantear aquí algunas ideas que aporten a la comprensión de los distintos relacionamientos.
En primer lugar, consideramos que pueden darse distintas modalidades de relacionamiento, las cuales constituyen espacios de interfaz entre Estado y sociedad. Estas modalidades podrían ser: acciones puntuales de participación e intercambio como consultas, reuniones, entre otras; las que ocurren en el marco de movilización e incidencia donde no necesariamente media el encuentro físico, pues las declaraciones y propuestas públicas son aprovechadas por el otro actor; y también está la articulación en procesos, en la cual la relación tiene vocación de permanencia en el tiempo. Esta última modalidad de relacionamiento, exige a los actores concernidos un piso mínimo de cultura democrática para poder mantenerse articulados en un espacio en el marco del reconocimiento del otro como legítimo en las diferencias. Y justamente sobre esta modalidad, por su trascendencia en el desarrollo de políticas sociales y aporte a la consolidación del régimen democrático, conviene explorar los niveles en que ella se manifiesta. Por ejemplo:
- Un primer nivel de interfaz de articulación en proceso es el que ocurre entre actores de un mismo ámbito, bien entre instituciones del Gobierno Central como el caso de la creación de una mesa de trabajo para coordinar y articular sus intervenciones territoriales; entre actores sociales: ONG – organizaciones de base, por ejemplo, para coordinar un proceso de movilización por algunas demandas; entre gobiernos locales, tal es el caso de creación de mancomunidades para abordar asuntos que trascienden el ámbito de un municipio; o entre entidades productivas de mayor o menor calado. Esta dimensión es autónoma de cada ámbito, donde los actores mantienen intereses más o menos comunes. Este primer nivel constituye una base fundamental para incidir de manera efectiva en los otros niveles de interfaz.
- Un segundo nivel de interfaz es el que ocurre de manera bilateral entre actores de dos de los ámbitos identificados en el esquema anterior. Por ejemplo: relación entre actores sociales – gobierno local/ actores sociales – Gobierno Central/ gobierno local – Gobierno Central o actores productivos – Gobierno Central en el marco de una iniciativa de interés para los involucrados. En este nivel se desarrollan procesos que posibilitan ir generando confianza entre los distintos actores a partir de identificar y trabajar por intereses comunes.
- C. Un tercer nivel de relacionamiento no es más que una ampliación del segundo, en el cual se da una relación trilateral con actores de los ámbitos planteados en el esquema anterior.
- Un cuarto nivel de interfaz es en el que se coordinan y articulan actores de manera multilateral, por ejemplo: Gobierno Central, gobierno local, actores sociales y actores productivos. Por lo tanto, este nivel adquiere un carácter abarcador, aunque en el gráfico parezca como el más pequeño. En el mismo, igual que en los anteriores, se debe respetar las autonomías y particularidades de los actores implicados. Hay que precisar que este nivel es el más efectivo para el desarrollo de políticas públicas, sobre todo las sociales donde se busque profundizar en el avance de ciudadanía activa e inclusión social. Este cuarto nivel, de algún modo, es producto del desarrollo de los anteriores, pero a su vez, en la medida que se consolida también potencia a cada uno en particular en una especie de recursividad. Vale decir que en la República Dominicana hemos tenido algunos ensayos que apuntan en esta dirección.
En síntesis, estas iniciativas de relacionamiento no necesariamente deben estar avaladas por un espacio mayor de dirección, concertación o por un mandato jurídico. Lo importante es ir teniendo claridad respecto a la complejidad de este relacionamiento de actores y sus múltiples variantes, pues facilita avanzar en el impulso de procesos de desarrollo local integral para enfrentar la pobreza y la exclusión. Y es justamente por este entramado de relaciones cada vez más frecuentes y profundas que vienen replanteando el rol del Estado y los gobiernos, que algunos especialistas han empezado a vislumbrar la configuración de un Estado red en su funcionamiento, todo lo cual contribuye al desarrollo de una democracia más participativa e incluyente.
[1] Isunza Vera, Ernesto: Interfaces y proyectos políticos. La disputa entre rendición de cuentas y la participación ciudadana desde la perspectiva de la igualdad compleja. www.juridicas.unam.mx
- Periódico Acento.com, 11 de marzo de 2017.